CREA advirtió que con el nuevo esquema impositivo, la rentabilidad del modelo agrícola se desploma en casi todo el país. La medida también compromete al maíz y a la soja de primera, con márgenes negativos en amplias zonas productivas.
A partir de este martes 1° de julio, las retenciones a las exportaciones agrícolas vuelven a los niveles vigentes a comienzos de año, luego de la finalización del esquema de baja temporaria dispuesto por el Gobierno nacional. La soja pasará a tributar nuevamente un 33%, mientras que el maíz y el sorgo lo harán con un 12%, y el girasol con un 7%. En cambio, se mantiene hasta marzo la alícuota reducida del 9,5% para el trigo y la cebada.
La medida reavivó las críticas del sector agropecuario, que advierte por el efecto económico negativo que genera este tipo de imposición fiscal sobre la producción. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el incremento en los Derechos de Exportación (DEX) disminuye el poder de compra del sector exportador. “Tomando los valores actuales para embarques en julio, el poder teórico de compra de la exportación caería un 9% en soja y un 3% para maíz”, señaló la entidad en un informe reciente.
Cómo afectan las nuevas alícuotas a la viabilidad de los cultivos en 2025/26
El Movimiento CREA, por su parte, analizó el impacto de las alícuotas sobre la viabilidad económica de los cultivos para la campaña 2025/26.

Según las proyecciones de la entidad, antes de la suba al 33%, la soja de primera no lograba cubrir los costos de producción en un 39% del área agrícola. Con el nuevo esquema impositivo, el porcentaje de superficie inviable se eleva considerablemente.
Ariel Angeli, líder del área de Investigación y Desarrollo de la entidad, sostuvo ante legisladores del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA) que la oleaginosa “sería económicamente viable en casi toda el área nacional” si no existieran retenciones, pero que la alícuota del 33% que vuelve a regir desde hoy “tornaría inviable el cultivo en el 80% de la superficie agrícola”.

Para el maíz, la situación también se complica. Con los precios actuales a cosecha, y antes del ajuste en las alícuotas, el cultivo era rentable en la mitad del área nacional. Ahora, con el 12% de retención, esa proporción cae al 39%.
En tanto, el doble cultivo trigo/soja de segunda resulta aún más afectado: con el nuevo esquema, el 87% del área sembrada sería económicamente inviable, según los cálculos de CREA.

Angeli también advirtió que la viabilidad territorial del negocio agrícola se ha deteriorado en las últimas semanas por la caída de los precios internacionales, un fenómeno que golpea con mayor fuerza a las regiones alejadas de los puertos y con menores condiciones productivas.
La conclusión es contundente: “En el corto plazo los derechos de exportación distorsionan los precios relativos y promueven una menor producción agrícola, mientras que en el largo plazo tienen un impacto negativo sobre la sostenibilidad de las empresas, las cadenas de valor y la economía argentina”.
El fuerte pronunciamiento de la Mesa de Enlace contra las retenciones
En este contexto, las entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace expresaron su rechazo a la medida a través de un comunicado titulado “Una Argentina sin retenciones”.
En el texto, remarcaron: “El cuestionamiento principal de la vigencia de los Derechos de Exportación, más allá de las alícuotas, es que son un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial”, y agregaron que han provocado un “inevitable retraso social, tecnológico y productivo”.
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“El campo argentino necesita reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones”, concluye el documento, que hace hincapié en la necesidad de reformas estructurales que permitan recuperar la competitividad del sector agroindustrial en todo el país.